Santiago de Chile.- Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe mostraba bajo crecimiento y en el 2020 se espera la peor contracción económica desde 1930, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimada de -5,3%, lo que tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica la tasa de desocupación será mayor, revela el informe Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Junto al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo, indica el informe. El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT, situación que afecta a los grupos más vulnerables.
En tanto, según cálculos de la OIT la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y las medidas de confinamiento provocan una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una jornada de 40 horas semanales).
Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030, agregan los organismos de la ONU. La Cepal estima que para el 2020 la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%.
Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. De allí que la CEPAL ha propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esto supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020.
En este ámbito, el objetivo estratégico de largo plazo es la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento, añade la Comisión.
El informe reitera que es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, en paralelo a las políticas laborales se requiere un sistema de protección social basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias.