La Contraloría General deja en firme un fallo fiscal contra Ecopetrol y Corporación Red País Rural
El fallo establecido por la Contraloría, dejó una responsabilidad de $12.475 millones, por irregularidades en el cumplimiento del convenio entre Ecopetrol y la Corporación Red País Rural, en dicho convenio, no se llevó a cabo el 84% de lo establecido y los recursos de lo que no se ejecutó, no fueron desembolsados.
El pacto entre dichas entidades tenía por objeto realizar obras como la rehabilitación de vías veredales y construcción de un complejo turístico, cultural y deportivo, estas construcciones iban dirigidas a los municipios de Villavicencio, Castilla La Nueva, Cubarral y Fuente de Oro, así como inversiones en 73 internados en el departamento del Meta.
Este fallo va dirigido hacia, Claudia Patricia Velásquez Mantilla, quien era la funcionaria autorizada por Ecopetrol S.A. para la suscripción del Convenio de Colaboración; Julio Cesar Zuleta Fuentes, quien era el administrador del Convenio de Colaboración y hacia la Corporación Red País Rural.
Posterior a la liquidación del convenio, fueron diez los días hábiles para la devolución del dinero por las obligaciones incumplidas, que en total sumaban $8.423 millones, pero que, en efecto, nunca fueron devueltos.
La Contraloría, por su parte, al evidenciar el incumplimiento de las obligaciones, verificó que los recursos que al principio estaban depositados en una cuenta corriente, un mes después, ya no estaban allí. Además, alertaron por el injustificado incremento de los servicios y bienes pactados en el acuerdo entre las entidades.
Acerca de la parte penal, la Contraloría dio a conocer que las diligencias fueron trasladadas a la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.
“Con el fin de que la Contraloría General se haga parte como víctima en el proceso penal que lleva la Fiscalía General de la Nación.” Así lo dijo la Contraloría en el comunicado. Por lo que se sigue adelantando el proceso penal en contra de las entidades involucradas en el detrimento patrimonial.
