En desarrollo de un consejo de seguridad conocieron los mandos militares y el Gobernador del Meta, que la disidencia residual de las extintas Farc, están amenazando a los presidentes de Juntas de Acción comuna que se niegan a ir a las reuniones citadas por los criminales en el Castillo, Meta.
Les imponen tareas para que suministren información sobre movimientos de la Fuerza Pública, los obligan a carnetizar a los campesinos y a contribuir en el cobro de extorsiones.
Quien no cumpla es amenazado de muerte o forzado a abandonar la vereda en tiempo perentorio.
Poco y nada hace la fuerza pública ya que las directrices del gobierno nacional es la de aportar a los diálogos para lograr la paz total con los actores armados.
