Procuraduría investiga a cuatro Gobernadores incluidos Guaviare y Guainía por incumplimientos en proyectos con recursos de regalías
Guainía.- La Procuraduría General de la Nación investiga a los Gobernadores de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, de Guaviare, Heider Yovanny Palacio Salazar, de Antioquia y Huila, por supuestos incumplimientos en la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías.
En el caso del mandatario en Guainía, tiene que ver con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida, por valor de $ 16.150 millones. Este contrato, cuya ejecución registra más de un año de retraso, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario, Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.
Frente a estas denuncias sobre el abandono de la obra y al evidente mal estado de la vía Inírida – Caño Pato, la Procuraduría Regional inició indagación preliminar el 10 de mayo de 2022.
El ente de control disciplinario concluyó que la conducta del actual gobernador y el exgobernador anterior podrían resultar comprometidas disciplinariamente por presunta omisión administrativa en la obra ejecutada. “El contrato en mención tuvo suspensiones y prórrogas cuyo plazo finalizó el 8 de diciembre de 2022, obteniendo como resultado una obra inconclusa”, aseguró la Procuraduría en ese momento.
En Guaviare, Heider Palacio, es investigado por un proyecto de Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas, por el que además del gobernador, se investiga al secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y a la secretaria de Educación departamental.
En papel, aseguraron que lograrían aumentar los niveles de competitividad y productividad de los cultivos de cacao, la producción y el área de los cultivos y capacitación de los productores sobre el manejo integrado de estos.
Pero en la realidad habrían presentado falencias en los estudios, diseños y presupuestos previos, fallas en la identificación y selección de los beneficiarios, ausencia de planos, diseño de drenajes, construcción de canales y de un sistema de riego vital para garantizar las condiciones agro climatológicas de los terrenos donde se ejecuta el proyecto, cuyo valor supera los $ 31.000 millones.
