Colombia tendrá política farmacéutica en 2025
Bogotá, 30 may 2025.- El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que en diciembre de 2025 se presentará el documento CONPES que definirá la nueva política nacional farmacéutica, con el objetivo de asegurar el acceso equitativo a medicamentos y dispositivos médicos. Esta iniciativa responde al mandato de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) y al Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Hasta ahora, el proceso ha avanzado en etapas clave como el diagnóstico del sistema, la conformación de una mesa intersectorial y la socialización de un borrador de política. El siguiente paso será diseñar el plan de financiamiento y perfeccionar el documento en futuras sesiones técnicas antes de su expedición oficial.
Carlos Francisco Fernández, presidente de ASINFAR, quien participa en el desarrollo del documento, señaló que uno de los principales objetivos es impulsar la producción nacional de medicamentos. Según él, esto permitiría reducir costos, especialmente frente al alto precio de los productos importados, y avanzar hacia un modelo más sostenible para el país.
Con esta política, el Gobierno busca fortalecer la industria farmacéutica nacional, mejorar la disponibilidad de insumos médicos y asegurar que todos los ciudadanos accedan a tratamientos esenciales sin barreras económicas o logísticas.
Usuarios ya no gestionarán autorizaciones médicas
Bogotá, 30 may 2025.- El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud anunciaron una medida que transforma la forma en que los colombianos acceden a servicios médicos. Desde ahora, los usuarios no deberán encargarse de diligenciar trámites ni presentar documentos para autorizar procedimientos de salud, ya sean órdenes, seguimientos o renovaciones. Esta responsabilidad recae completamente sobre EPS y prestadores, conforme a lo establecido en una nueva Circular Externa Conjunta.
La decisión, basada en normas previas como el Decreto Ley 019 de 2012, busca eliminar trabas burocráticas que han dificultado el acceso a la atención oportuna. La disposición será obligatoria en situaciones sensibles como urgencias, atención a personas con cáncer, VIH/SIDA y otras condiciones priorizadas por política pública.
El uso de formatos estandarizados, definidos en la Resolución 2335 de 2023 y su actualización en 2024, será obligatorio para garantizar un manejo seguro de la información. Las entidades que no cumplan estarán sujetas a sanciones que pueden ir desde multas hasta procesos penales, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011.
Este cambio pretende facilitar el acceso a la atención, centrar el sistema en el paciente y aliviar la carga sobre quienes requieren servicios de salud. Las entidades territoriales también deberán supervisar que las EPS y prestadores respeten la norma y no trasladen trámites a los pacientes.
