Campesinos, ganaderos, transportadores y finqueros en varios municipios del Ariari, indican que la extorsión va en aumento y el reclutamiento de jóvenes también se disparó sin que se sienta la actuación de la fuerza pública.
La disidencia residual armada de las extintas Farc exige el pago de vacunas a la población civil, por cada hectárea de tierra, por cabeza de ganado, por litro de leche que se venda y hasta hay que pedir permiso para poder ingresar a algunos municipios.
Los transportadores de pasajeros, víveres, animales y otro tipo de carga, deben pagar extorsiones o de lo contrario sus carros serán quemados y secuestrados los conductores para ejercer presión y que las empresas paguen la exigencia económica.
Dicen las personas afectadas que, El ejército y la policía ven pasar a los comerciantes a cumplir la citación de los grupos armados y les da lo mismo. No ejercen autoridad ni controlan esos hechos delictivos.
Lo anterior, lo ha denunciado públicamente el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga cardona, y lo ha hecho saber al mismo gobierno nacional.
El Turismo está en riesgo porque los visitantes se abstienen de ir a lugares naturales por temor a ser secuestrados.
