Mal manejo de aguas responsable de derrumbe en la vía al llano: Coviandina.

Villavicencio 24 de septiembre 2025.- Quince días después del deslizamiento que mantiene cerrada la vía Bogotá – Villavicencio a la altura del kilómetro 18+600, aún no hay una fecha cierta para su reapertura. Alberto Mariño, presidente de Proindesa, holding de infraestructura del Grupo Aval y Corficolombiana, advirtió que el proceso de secado y remoción de tierra podría extenderse al menos dos meses.

El empresario explicó que la emergencia no obedece a fallas de la concesión Coviandina, ni de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sino al manejo inadecuado de aguas en terrenos vecinos.

Según dijo, los agricultores han intervenido los canales y pozos construidos en 2016 para drenar la zona. “Han roto canales, los han colmatado y han pasado mangueras por encima. Eso impide que las obras funcionen como estaba previsto”, señaló.

Mariño recalcó que el verdadero reto está en el control hídrico y en la planificación territorial. Hay muchas construcciones de viviendas en la parte alta de la montaña que fueron adelantadas sin ningún tipo de control por parte de las administraciones locales, que no tienen sistemas de alcantarillado y generan alteraciones en el suelo por la presencia de pozos sépticos que filtran sus aguas de manera subterránea y afectan la estabilidad de las laderas.

En su criterio, la Corporación Autónoma Regional CORPORINIOQUIA y las autoridades locales deben asumir la responsabilidad de organizar el uso del suelo y evitar que se repitan situaciones similares. Donde están los EOT, esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Chipaque y Une que regulen el uso del suelo en la zona y que controles se hacen sobre el manejo y descarga de aguas por aprte de la entidad ambiental, se preguntó Mariño.

El vocero de la concesionaria advirtió de una grave situación que está ocurriendo desde hace varios meses en el kilómetro 11 de la vía en la parte alta de la montaña, donde funciona una perrera municipal de Chipaque, que viene afectando el talud con la descarga se las aguas utilizadas para la limpieza de las instalaciones y no se ha realizado ningún correctivo a la fecha.

De todas estas situaciones por el mal manejo de aguas y descargas ilegales, por parte de los habitantes de la zona de Caraza, ya se había advertido desde 2020 al Ministerio de Transporte y la ANI.

Mientras tanto, los trabajos iniciales deben centrarse en extraer la humedad, sellar grietas y recuperar los sistemas de drenaje. Sin embargo, el directivo aclaró que cualquier estimación sobre reapertura sería especulativa: “Nadie puede decir que la carretera se abrirá en dos meses o en veinte días. El que lo diga está diciendo mentiras”.

Indicó Mariño Samper, que a la fecha han invertido con recursos de la concesión cerca de $1500 millones de pesos, en la adecuación de la variante de 630 metros en el kilómetro 18, para permitir la movilidad a un carril, que hasta el momento ha funcionado.

Sobre los costos, explicó que dependen de la alternativa que se adopte. Una obra mayor, como se proyectó hace unos años para el tramo uno de doble calzada con varios túneles y viaductos, que tenía una inversión estimada en de $ 4 billones de pesos, a precios de hoy costaría entre 6 y 7 billones de pesos, mientras que controlar el agua y estabilizar la montaña representaría una inversión mucho menor.

Finalmente dijo, que el trabajo prioritario hoy para atender el kilómetro 18 en medio de la emergencia, debe ser el sacar el agua que se filtra y desestabiliza la montaña, antes de proceder a realizar el retiro de cerca de 150 mil metros cúbicos de material que cayeron sobre la vía y que impactan el cauce del rio Une.
Este derrumbe es mucho más grave que el que soportaron los llaneros con el deslizamiento del kilómetro 58, en jurisdicción de Guayabetal, registrado hace 4 años y que mantuvo incomunicado a los llaneros por más de tres meses y dejó con graves afectaciones la economía regional.