Sigue paralizado el país por el paro camionero. No hay acuerdo con el gobierno.
Villavicencio.- Siguen los colombianos a la espera de la repuesta de los transportadores de carga al anuncio de la ministra del transporte sobre congelar las tarifas del combustible el próximo año, como medida para que se levante el paro camionero que tiene paralizado a medio país.
En la primera reunión realizada ayer entre el gobierno nacional y los representantes de los camioneros, no hubo ninguna clase de acuerdo para desbloquear las vías, pues los transportadores insisten en que el gobierno nacional derogue el decreto del pasado 31 de agosto que incremento el valor del ACPM en $ 1.908 por galón, lo que para ellos resulta lesivo, porque los costos de la canasta del transporte hacen inviable el negocio, sin incremento de los fletes para la carga.
La ministra del transporte María Constanza García, por su parte insiste en la propuesta para levantar los bloqueos y es que el próximo año se congele el incremento del diésel, mientras de adelanta una mesa de concertación con las bases camioneras, donde se expongan todos los argumentos que tiene el gobierno, para aplicar el desmonte de los subsidios para no afectar más fiscalmente al país, tal y como se hizo con la gasolina en los últimos dos años.
Ante la propuesta salieron al ruedo los transportadores de carga, quienes dicen estar preocupados porque los costos de operación de los vehículos, no les dan para seguir trabajando con el incremento realizado por el gobierno al acpm.
Según Henry Cárdenas, presidente de Fetranscarga, si las empresas generadoras de carga no asumen el incremento de este sobrecosto, ellos tendrían que parar los vehículos porque no pueden perder dinero.
Por su parte la Fiscalía general de la nación les recordó a los líderes de la protesta, que, si bien es respetable el derecho a la protesta pacífica, es también un delito el bloquear vías y por eso abrió indagación a los responsables de 36 bloqueos de vías en el país, entre ellas las del Meta.
Insiste la fiscal que insta a los organizadores a que respeten los derechos de las personas ajenas a la protesta y les den garantías de integridad física, la vida, la salud y el derecho a la libre locomoción.
