Contraloría pide a Procuraduría y Fiscalía investigar contrato de plantas de agua en el Meta.
Villavicencio.- En la mira de los organismos de control continúan las investigaciones sobre los dineros invertidos y la forma de contratación de las plantas de agua potable que por valor de 35 mil millones de pesos se contrataron en la gobernación del Meta y varios municipios durante la anterior administración.
Los contratos ejecutados durante los años 2022 y 2023 para dotar los sistemas de filtración de agua en batallones del ejército nacional (Séptima brigada), centros vida y en varias instituciones educativas, en las que se buscaba mejorar los índices de calidad de vida con el consumo de agua tratada, con estas plantas de nuevas tecnologías.
La Contraloría general realizó varias auditorias a los mencionados contratos y decidió enviar copia a la Procuraduría general de la nación y la Fiscalía general, por haber encontrado presuntas responsabilidades no fiscales, sino de carácter disciplinario y penal, por la forma como se llevó a cabo el proceso de contratación.
Las acusaciones del organismo de Control fiscal, van en contra de los ordenadores del gasto, el entonces gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, y los ex alcaldes de Puerto Gaitán, Jorge Plazas; de Puerto López, Carlos Julio Gutiérrez, y del municipio de Mapiripán, Johan José Rojas Martínez.
Según la denuncia realizada por la forma de abogados G&G asociados, en dos de los contratos realizados para la compra de sistemas de purificación de agua, uno por $ 4.790 millones, para los soldados de la séptima brigada, y otro por $ 2.344 millones de pesos, fueron contratados con recursos de la secretaria de gobierno del Meta, y se dio traslado a la Procuraduría general de la república, porque la Gobernación utilizó la contratación directa para evitar un proceso licitatorio como lo reglamenta la ley 80.
De igual manera se conoció que el pasado 29 de julio de 2024, se realizó el traslado del proceso a la fiscalía general por ser la competente para iniciar la investigación penal.
En la justificación la Contraloría, explica que se presentaron falencias en los estudios previos, en la sustentación de la necesidad para adquirir los 18 filtros purificadores de agua, por parte de la guarnición militar.
De igual manera para el organismo de control, no existió justificación para la compra de los filtros de agua, ni hubo términos de referencia de condiciones técnicas del mercado, no se estimó el costo beneficio de su adquisición.
El total de los contratos con similar forma de evadir el proceso de contratación pública y hacerlo de manera directa, suma en el Meta $ 35 mil millones de pesos, asegura la Contraloría general de la república.
