Crisis humanitaria en Colombia hoy: Defensoría del Pueblo insta a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado
Bogotá, 17 feb 2025.- La Defensoría del Pueblo alerta sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por alias “Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba” y organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.
*Expansión de los grupos armados*
Además de Chocó, la Defensoría del Pueblo ha documentado emergencias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último con alto riesgo en las elecciones atípicas del 23 de febrero.
“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente:
* Urgimos a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información con la que cuentan las diferentes instituciones del Estado.
* Solicitamos a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
* Exigimos a los grupos armados ilegales a respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario. Especial y enfáticamente le exigimos no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial. Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas. La legitimidad no la lograrán violentando a la gente, al contrario, esta pone en evidencia su ilegitimidad.
* Instamos al Gobierno nacional a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario, especialmente, no involucrar a la población civil en el conflicto armado y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados y la suspensión de esta práctica.
“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó Iris Marín Ortiz.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará denunciando esta crisis, exigiendo respuestas efectivas y acompañando a las comunidades que hoy padecen el conflicto armado.
